El alcalde, Carlos González, y los portavoces del Gobierno y del grupo socialista, Héctor Díez, y de Compromís, Esther Díez, presentan el informe del despacho de abogados Cuatrecasas sobre el Mercado Central
González defiende la transparencia del proceso y explica que “hemos denegado el acceso a este informe para proteger la posición jurídica del Ayuntamiento en su controversia con Aparcisa”
La Junta Local de Gobierno modificará el viernes 28 el PGOU para incluir los baños árabes y los dos refugios de la Guerra Civil en el Catálogo de Bienes Protegidos
“El informe jurídico es claro y contundente. Es el informe de un despacho de abogados con una reputación profesional incuestionable. Es una base sólida para una resolución del contrato sin indemnización alguna y sin lucro cesante”, ha señalado esta mañana el alcalde de la ciudad, Carlos González, sobre el estudio encargado a la firma Cuatrecasas para la resolución del contrato con Aparcisa, la empresa concesionaria del proyecto del nuevo Mercado Central.
El responsable del Equipo de Gobierno Municipal ha estado acompañado por los portavoces de los grupos políticos que forman parte del gobierno municipal, Héctor Díez (Gobierno y PSOE), y Esther Díez (Compromís), durante una comparecencia ante los medios de comunicación con el fin de explicar el contenido de dicho informe, que ya se ha publicado en la página de Transparencia del Ayuntamiento.
González ha explicado que el informe plantea tres conclusiones esenciales: “Una, que hay argumentos jurídicos para que el Ayuntamiento pueda resolver el contrato por ser imposible ejecutar la prestación en los términos pactados inicialmente. Dos, que hay argumentos sólidos para defender que el contrato no se puede modificar porque no lo permiten ni la Ley ni el Pliego de Condiciones. Y tres, que hay argumentos también sólidos para mantener la resolución del contrato sin indemnización”.
“En definitiva, el informe plantea que es imposible ejecutar el contrato o en los términos pactados sin lesionar el interés municipal y que es inconciliable cumplirlo con las nuevas circunstancias que han surgido durante su ejecución, la aparición del Refugio de la Guerra Civil y el requerimiento de Icomos (organización asociada a la UNESCO”, ha explicado el alcalde.
El regidor ilicitano ha hecho hincapié en que es imposible modificar el contrato con arreglo a la ley y en que en la cláusula 5.2 del pliego y número III del contrato “el concesionario asume un riesgo y ventura que cabe calificar como puro y agravado.
En este sentido, González ha leído textualmente una condición que acepta libremente Aparcisa y que permite resolver sin indemnización alguna: “Si durante la ejecución del contrato o como resultado de las excavaciones arqueológicas deviniese la imposibilidad de ejecución del contrato se entenderá que forma parte del riesgo asumido por el concesionario, sin que pueda dar lugar, en ningún caso, a indemnización de los gastos en que el concesionario hubiera podido incurrir”.
Carlos González ha señalado también que la denegación de este informe a la oposición “es una decisión fundamentada y motivada jurídicamente, no es arbitraria o caprichosa, sino que se basa en los límites que establece la Ley de Transparencia en el acceso a la información”.
“La Ley de Transparencia establece en el artículo 14 una serie de supuestos en los que el derecho de acceso a la información podría ser limitado. En concreto, en el 14.K. establece que el derecho de acceso a la información podrá ser limitado para garantizar el secreto requerido en procesos de toma de decisión. Por tanto, hemos denegado el acceso a este informe para proteger la posición jurídica del Ayuntamiento en su controversia con Aparcisa y mantener bajo reserva los argumentos jurídicos en los que se sustenta la posición municipal”, ha indicado el alcalde.
Carlos González ha destacado que “actuamos con transparencia, favorecemos el control político y respetamos a la oposición. Desde luego, cabe el error, pero ya les digo que en ningún caso hay un interés ni un ánimo de limitar los derechos de la oposición. Ni que decir tiene que el juzgado ha pedido el informe y lo hemos remitido de inmediato, cumpliendo con la obligación”.
El responsable del Equipo de Gobierno ha concluido su intervención anunciando que la Junta Local de Gobierno aprobará mañana la modificación del PGOU para incluir en el Catálogo de Bienes Protegidos los baños árabes y los dos refugios de la Guerra Civil.
“Un proceso gestionado con la mayor transparencia”
Por su parte, la portavoz de Compromís ha señalado en relación con este informe que “entendíamos que la decisión más responsable por parte de este gobierno municipal era proteger los intereses del Ayuntamiento en una decisión compartida con la Secretaría”.
“Ha sido un proceso que hemos gestionado con la mayor transparencia desde el inicio, en contraposición a la gestión de un contrato que se hizo con total opacidad por parte del Gobierno del Partido Popular. Más allá de la legalidad del contrato hemos explicado que un proyecto de esta envergadura necesitaba una gestión más responsable”, ha explicado la portavoz de Compromís.
Además, añade Díez, “es un modelo de Mercado Central con aparcamiento que va en contra de la ciudad verde que defendemos y que generaría graves consecuencias sobre nuestro patrimonio”.
“Este informe recoge argumentos jurídicos para proceder a la resolución del contrato y una vez que finalice el expediente tendrá lugar un nuevo tiempo para recuperar de manera colectiva el cetro de la ciudad. Quiero defender y exponer con claridad cómo hemos seguido este proceso desde 2015. Al PP le diría que, en lugar de rasgarse las vestiduras, reconozca la manera opaca de su gestión del proceso de contratación, que asuma que es un proyecto inviable y que les esperamos para revitalizar el centro de la ciudad, para hacerlo más atractivo y dinámico desde el punto de vista económico, social y ambiental”, ha manifestado Esther Díez.
